En Chile, solo 1 de cada 5 personas que necesita atención en salud mental recibe el tratamiento necesario, y las brechas son más profundas en regiones y sectores vulnerables.

Aunque algunas patologías cuentan con cobertura a través del GES, muchos tratamientos y terapias no están completamente incluidos, dejando a miles sin acceso oportuno a atención de calidad.

La ampliación de esta cobertura, junto con un aumento en la inversión pública y la implementación de programas de prevención, son esenciales para garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas.
Mi compromiso es luchar por la inversión y mejorar el sistema público de salud mental, inyectando recursos y aumentando la cobertura.

¿Qué haremos?

Ley de Salud Mental Universal: Aumentar progresivamente al 6% el presupuesto de salud mental, garantizando psicólogos y psiquiatras en toda la red de salud pública.

Primeros auxilios psicológicos en escuelas y barrios: Crear redes comunitarias de apoyo en salud mental para abordar problemas de manera temprana.

Ampliación de la cobertura de Fonasa y GES para Salud Mental: Incluir más tratamientos y terapias prioritarias, asegurando acceso oportuno para todas las personas.

Muchas familias viven con miedo constante a la violencia en sus calles.

Los delitos graves como robos, asaltos violentos y homicidios afectan la vida diaria y la salud mental de la comunidad.

Existe desconfianza hacia las instituciones de seguridad, que a veces llegan tarde o no actúan de manera eficaz

¿Cuál es la conversación que tengo en las calles de las comunas que represento?

Carabineros no alcanza, Carabineros no llega, no hay nadie que nos cuide.

¿Qué haremos?

Fortalecer a Carabineros, con más dotación y mejor formación, para que puedan cumplir su labor con firmeza y respeto por los derechos humanos.

Desarmar a la delincuencia y sacar armas de circulación, porque más armas en la calle significa menos seguridad para todos, incluidos los propios policías.

Levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del narcotráfico, porque detrás de cada narco en la población hay alguien lavando plata. Sin tocar esas redes, solo estaremos parchando el problema.

La salud pública en nuestro país está fallando, y la gente lo siente día a día. Faltan especialistas, faltan insumos básicos y, sobre todo, faltan espacios donde atenderse con dignidad. Hoy muchas familias esperan meses por una hora médica, o deben recorrer largas distancias porque simplemente no hay atención disponible en su comuna.

En el Distrito 8 este problema se agrava por una situación concreta: no existe el hospital que le corresponde a la zona norte, por lo que miles de vecinos deben ser derivados al Hospital San José, que ya está completamente sobrepasado. Esto no es justo ni sostenible.

¿Qué haremos?

Impulsar por la creación de Servicios de Atención Primaria de Alta Resolutividad (SAR), que funcionan como urgencias de alta capacidad y permiten descongestionar los hospitales. Su construcción toma apenas un año, cuesta cerca de tres mil millones de pesos y se puede financiar mediante la colaboración entre gobiernos regionales, municipios y el Ministerio de Salud.

Priorizaremos la formación de especialistas en áreas críticas como oncología, psiquiatría y neurología, mediante un aumento de becas y programas de especialización, para que las personas no sigan esperando años por una atención o deban trasladarse a Santiago.

Presionar para la construcción de un hospital en la zona norte del distrito, que ha sido postergado,por lo que miles de vecinos deben ser derivados al Hospital San José, que ya está completamente sobrepasado. Esto no es justo ni sostenible.

Cuando hablamos de conectividad en el Distrito 8, hablamos de un problema que cruza todo el territorio. Desde el norte, en Colina, Lampa y Til-Til, donde muchas familias dependen de empresas privadas que no dan abasto y ofrecen un servicio poco digno, hasta comunas como Quilicura o Maipú, donde la demanda por extender el Metro es urgente y totalmente justificada.

Y además, hay algo que casi no se discute: la mala planificación urbana. En Cerrillos, en Lampa o en el poniente de Maipú, se arman tacos que duran horas. Eso no es solo una incomodidad, es tiempo perdido, familias separadas por el tráfico, estrés diario. Es una forma silenciosa en que la desigualdad también se hace presente.

¿Qué haremos?

Trabajaremos por tener un transporte digno y eficiente para toda la provincia de Chacabuco y las comunas vecinas, que no dependa solo de privados.

Presionar por la extensión del Metro hacia el poniente de Maipú, que es una deuda histórica con ese sector.
Promover planes reguladores que piensen en el futuro, para que no sigamos construyendo ciudades que se colapsan todos los días.

En Chile estamos viviendo una crisis habitacional profunda, y el Distrito 8 no es la excepción. Esta crisis tiene varias causas: un crecimiento poblacional acelerado, la presión constante del mercado inmobiliario y, sobre todo, una oferta insuficiente de vivienda social. Simplemente, la cantidad de viviendas no alcanza para las necesidades reales de la población.

La vivienda no se trata sólo de cuántos metros cuadrados construimos, sino de cómo construimos ciudad. Se trata de planificar mejor, de garantizar barrios integrados, con servicios, espacios públicos y dignidad para todos y todas.

¿Qué haremos?

Fortalecer el subsidio habitacional progresivo, aumentando el tope de los subsidios en aquellas comunas donde el alto valor del suelo encarece los proyectos y deja a muchas familias fuera.

Crear subsidios especiales para comunas rurales o semiurbanas, que consideren no solo la vivienda en sí, sino también la conectividad, redes sanitarias y transporte, porque una casa sin servicios básicos no es una solución real.

Impulsar un programa de arriendo protegido, donde el Estado apoye a los propietarios y los incentive a arrendar a precios justos, generando así una alternativa concreta para miles de familias que hoy no pueden acceder a la compra.